LA LEGALIDAD NOS MATA
Una vez más, un ministro de Estado sale sonriente y burlándose de las Instituciones en Colombia, porque la moción de censura en este país es un simple saludo a la bandera".
La Légalité Nous Tue, exclamó Odilon Barrot, primer ministro francés, del gobierno de Luis Bonaparte en 1871. Se refería que las leyes vigentes en ese entonces no les servían a sus intereses, aun cuando fueron hechas por ellos mismos, por lo que tenían que violarlas. Es la frase exacta para describir el actuar de quienes han gobernado a Colombia, violando las normas cuando no les conviene.
Por estos días ha salido a la palestra pública el caso del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, por los llamados bonos de agua. De las diferentes investigaciones realizadas, partiendo de la del periodista Daniel Coronel, ha quedado en evidencia como este señor siendo parte del gobierno promovió la aprobación de una norma, y al dejar el gabinete participó en un negocio beneficiándose de la norma que él diseñó, empobreciendo a más de cien municipios. Y además asesoró a estos entes territoriales para que hicieran tan mal negocio. Cobró el tiro de esquina y el mismo hizo el gol de cabeza. Y por detrás le tapó los ojos al arquero.
Con estos hechos, que en otro país del mundo hubiese significado la renuncia del Ministro, vuelve el a salir a flote el debate de la moción de censura en Colombia. Esta Institución definida por el reglamento del Congreso (ley 5 de 1992) como el acto mediante el cual el Congreso por mayoría reprocha la actuación de un ministro del despacho dando lugar a la separación del cargo. En otras palabras el Congreso tiene la responsabilidad de hacerles control político a los miembros del gobierno, facultad que le otorga el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Nacional.
Pero ¿qué tan bien ha ejercido el Congreso de la Republica esta facultad constitucional? La Organización Congreso visible liderada por la Universidad de los Andes, afirma que es muy poco probable que en Colombia se haga efectiva una moción de censura, ya sea por sus aspectos procedimentales o por nuestro sistema presidencialista donde el ejecutivo tiene la posibilidad de anticiparse al Congreso.
Lo cierto es que solo basta revisar algunos casos para evidenciar que en nuestro país la responsabilidad política no existe, porque el parlamento no es capaz de hacer el control político que se le asignó. Veamos:
Año 2003 el señor Jorge Uribe Echavarría Ministro de defensa del presidente Álvaro Uribe se pasó por la faja una citación del Congreso sin mediar excusa. Aquí había la oportunidad de sentar un precedente, para que en adelante los miembros del ejecutivo entendieran que deben responder políticamente por sus actuaciones, pero como en Colombia la legalidad nos mata, el Ministro salió victorioso.
Y es que no atender una citación del Congreso no es poca cosa. Michael Bates, Ministro de Desarrollo Internacional del Reino Unido, citado por el parlamento británico llego minutos tardes a la sesión, lo que le impido escuchar la pregunta formulada por la diputada Ruth Lister. Conociendo la responsabilidad por los hechos el Ministro pidió disculpa y renunció a su cargo. Así funciona en los países serios del mundo, pero como no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca, por acá no ocurre eso.
Año 2005, a la señora Marta Pinto de De Hart, Ministra de Comunicaciones se le inició moción de censura por la liquidación de Telecom, empresa de comunicaciones patrimonio de los colombianos, que el gobierno de Álvaro Uribe acabó y entregó a los privados. Las negociaciones fueron leoninas para la nación por lo que la ministra debía responder, pero salió bien librada.
Año 2007, el señor Juan Manuel Santos Ministro de Defensa fue citado en el Congreso a responder por las interceptaciones ilegales realizadas por la policía, que le costó la cabeza a una decenas de generales. Pero folclóricamente respondió igual que hizo 10 años después siendo Presidente de la República, al descubrirse que su campaña de reelección fue financiada por Odebrehct, "me acabo de enterar" la versión santista de la frase samperista "fue a mis espaldas" y con este argumento salió victorioso de la moción de censura.
Año 2008, el señor Diego Palacios Ministro de Protección social, enredado en el escándalo de la Yidispolítica. Quedó en evidencia como la reelección presidencial de Álvaro Uribe fue comprada en el Congreso repartiendo dadivas y qué Palacio participó en la compra de votos en el legislativo ofreciendo favores. Pero la moción de censura no prosperó. Años después la Corte Suprema de Justicia lo condenó a seis años y ocho meses por estos hechos.
Año 2009, El señor Andrés Fernández, Ministro de Agricultura citado a responder por las irregularidades del programa Agro ingreso Seguro, en el cual se demostró que se repartió dineros del Estado a los ricos de Colombia. Y como fue de esperarse no prosperó. Años después la Corte Suprema de Justicia condenó a Andrés Felipe Arias artífice del este programa a 17 años de cárcel.
Año 2016, el señor Mauricio Cárdenas Ministro de Hacienda, quien vendió la empresa generadora de energía ISAGEN en una subasta de un solo oferente por un precio irrisorio, constituyéndose un gran detrimento al patrimonio de los colombianos. Al igual que las anteriores pudo más la mermelada y el ministro salió airoso.
Hoy ante los hechos del ministro Carrasquilla, una vez más no prospera la moción de censura, sumándose a los 23 casos fallidos en la historia de esta institución de control político, ejercida por el Congreso. Así las cosas en Colombia la práctica ha establecido como regla pasarse por la faja la institucionalidad, que el Congreso no hace nada, porque para nuestros gobernantes, como en la Francia de Luis Bonaparte, la legalidad nos mata.