DUÉLALE A QUIEN LE DUELA
El gobierno optó una vez más por sacarles del bolsillo a los trabajadores el recaudo que necesita para cubrir su presupuesto. Se presenta ante la opinión pública, que la clase media goza de beneficios que deben quitarse para cubrir los gastos de programas sociales, cambiando salario por subsidio.
A los primeros 100 días de gobierno de Iván Duque, podemos proyectar lo que serán sus cuatros años en el poder ejecutivo. Según la tradición que dejó Franklin Roosevelt Presidente de Estados Unidos en 1933, los primeros 100 días es el periodo esencial para exponer la carta de navegación de los gobernantes. Y como una de las frases de sus seguidores en campaña era "Duque presidente duélale a quien le duela" veamos a quienes les dolerá.
El equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro Alberto Carrasquilla, quien es de la misma escuela de su antecesor Mauricio Cárdenas, son amigos de la tesis que el crecimiento económico y la competitividad se logra con bajas cargas impositivas a la empresas por un lado y manteniendo bajos salarios por otro, y como compensación se aplican políticas asistencialistas, vía gasto público que se financian con elevación a la tributación indirecta (ampliación del IVA) y mayor carga tributaria a los trabajadores.
En la anterior formula económica, los grandes damnificados son los asalariados, sobre los que recae la depresión salarial y luego un alta carga impositiva.
Es la clase media colombiana la que se sacrifica para cubrir los desbalances macroeconómicos de una economía mal manejada.
Con la ley de financiamiento, que se discute en el legislativo por estos días, se confirma la teoría. El gobierno optó una vez más por sacarles del bolsillo a los trabajadores el recaudo que necesita para cubrir su presupuesto. Se presenta ante la opinión pública, que la clase media goza de beneficios que deben quitarse para cubrir los gastos de programas sociales, cambiando salario por subsidio.
Estas medida se encuentran materializadas en la eliminación de la exención del 25% a las rentas laborales, la exención a pensiones, la exención a los gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales, rectores y profesores universitarios establecidos hoy en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Como una mayor parte del salario va a cubrir impuestos, se disminuye el disponible para consumo de los hogares contrayendo la demanda, y como si fuera poco, se le gravará el consumo con el IVA a la canasta familiar.
Los beneficios a las rentas laborales, como las exenciones de una parte de su ingreso, es un tratamiento diferencial que gozan los trabajadores en la mayoría de sistemas tributarios del mundo. La Corte Constitucional, al estudiar estos beneficios ha dicho en reiteradas ocasiones que son algo racional, comprensible y admisible a los ojos de todos. Pero en Colombia, estos se han ido desmontando reforma tras reforma, bajo la máxima de mayor tributación al trabajo que al capital.
Por otro lado, bajo la teoría económica mencionada, se mantiene bajos salarios los cuales están rezagados en la participación del producto nacional, generando mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
Este jueves se reunirá la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para iniciar las discusiones del salario mínimo 2019. De entrada hay sobre el tapete las directrices del Fondo Monetario Internacional y la OCDE que no se debe aumentar el salario mínimo por encima de la inflación causada y es sabido el acatamiento de este gobierno a estos organismos internacionales.
Se maneja la idea que el aumentar salarios afecta el mercado laboral disparando el desempleo. Pero las experiencias en otras latitudes han demostrado lo contrario. Según Joseph Stiglitz Premio Nobel de Economía y ex asesor económico del Gobierno de Bill Clinton, esa afirmación es una visión antigua basada en la presunción de que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado definido por la oferta y demanda, idea que considera una especie de creencia religiosa porque los datos son abrumadores para afirmar que subir el salario mínimo no daña el empleo.
El gobierno de España, liderado por el presidente Pedro Sánchez ha tomado la valiente decisión de subir en 22,3% el salario mínimo de los trabajadores españoles, con la tesis progresista de impulsar el crecimiento económico aumentando la renta disponible de los hogares y, por tanto, el consumo. El aumento más alto en 40 años que ha sido fuertemente criticado por organismos internacionales. Esta se constituye una muestra que si es posible esta medida económica.
En Colombia, para el aumento del salario el gobierno maneja criterios de la inflación y la productividad, y teniendo en cuenta la proyección de la inflación de este año están 3,35% y la el aumento de la productividad en 1 punto, el aumento propuesto muy seguramente rondaras los 4,4% unos 34 mil pesos para ubicarlo en 816 mil pesos.
Así las cosas, en este cuatrienio presidencial, a los trabajadores colombianos les tocarán soportar mayores cargas que sin duda representa pérdida de capacidad adquisitiva y deterioro de sus condiciones de vida. La clase media consolidada disminuirá, convirtiéndose en vulnerable con riesgo de caer por debajo del ingreso medio y regresar a la pobreza. A eso se referían en campaña cuando decían, Duque presidente, duélale a quien le duela y ya sabemos a quienes les dolerá.