¿Por qué las universidades públicas dicen estar en crisis?
"Llegamos a un límite, la situación va a empeorar y no tendremos capacidad de acción en los próximos años. Si el problema no se soluciona a tiempo, la educación superior llegará a un colapso".
"El actual gobierno no imprime los recursos adecuados para que las universidades públicas sigan cumpliendo con la función social. El principal problema tiene que ver con el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, pues el legislador nunca pensó en el crecimiento de las universidades, y que se iban a mantener quietas. A la fecha, tenemos un faltante de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y aproximadamente 15 billones en infraestructura", señaló Oviedo.
El artículo 86 de la Ley 30 detalla que el financiamiento de las universidades se otorga de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los rectores de las instituciones aseguran que como dicho índice no crece, ellos están congelados.
Cifras del Ministerio de Educación y recopiladas por el SUE señalan que 2016 había 1'194.697 estudiantes de pregrado. En el 2010 esa cifra se ubicó en 927.295 alumnos.
"El haber crecido implica mayor infraestructura, fortalecimiento de la investigación, laboratorio, formación docente a nivel doctoral e internacionalización. Seguiremos creciendo y necesitaremos cada vez más recursos", indicó Torres.
Leonardo Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, añade que también hubo un problema con la reforma tributaria de 2016, pues asegura no entender dónde están los recursos que se prometieron en ese proceso.
"No sabemos dónde están los recursos del IVA social, de los estudiantes de cooperativa y el impuesto complementario de la renta. La hipótesis que manejamos es que se destinó para financiar las becas del Icetex y el programa Ser Pilo Paga. Esto genera desfinanciación", indicó Martínez.
El presidente del SUE explica que de esas estrategias solo se entregaron 162.000 millones de pesos, y esperaban 465.000 millones.
"El gobierno Santos no cumplió con lo que prometió. Recuerde que en la reforma tributaria de 2016 subieron el IVA del 16 al 19 por ciento. Un punto de ese impuesto era para educación y un 0,4 por ciento para educación superior. Esos recursos se fueron solo para algunas universidades; ahí está el descalabro".
Según los datos obtenidos del documento Conpes 3914 de 2018, la inversión en el programa Ser Pilo Paga ha significado al Estado alrededor de 3,5 billones de pesos entre los años 2015 y 2018, con un alcance de tan solo 40.000 estudiantes beneficiados en todas las cohortes.
"Si se realiza un análisis simple, los aportes que por todo concepto realiza el Estado para financiar el funcionamiento de las universidades estatales correspondió este año a 3,6 billones de pesos y benefició a más de 600.000 estudiantes, lo que indica una gran desproporción en el impacto de los recursos destinados a este programa de gobierno frente a los invertidos en el sistema universitario público", señala un informe que realizó el SUE.
Ricardo García Duarte, rector de la Universidad Distrital, coincide con sus colegas y señala que también es necesario ampliar la cobertura docente.
"Para que nos hagamos una idea, hoy la Distrital cuenta con 27.000 estudiantes, hace 20 años teníamos 9.000. Nuestra planta de maestros es de 2.200, 650 son de planta y el resto con contrato especial. Tenemos necesidad de más docentes. Además, hemos aumentado en infraestructura, añadimos tecnología y estamos modernizando nuestros laboratorios. Esto supone gastos adicionales", advirtió Duarte.
Según la Ocde, la relación de estudiantes con el personal docente puede ser un indicador de los recursos disponibles para un determinado nivel de educación y tipo de institución.En ese sentido, "Colombia tiene la segunda proporción más alta de alumnos por docente en educación secundaria inferior (26), justo después de India (27) y muy por encima del promedio de la Ocde (13). Sin embargo, este valor es más alto en las instituciones públicas (28) que en las instituciones privadas (20). Esta brecha entre las instituciones públicas y privadas es mucho más amplia que el promedio en los países de la Ocde (1 estudiante)", dice un informe de la organización.
LO QUE SOLICITAN
Los rectores de las instituciones piden una reforma del artículo 86 de la Ley 30, en donde se les permita crecer con el IPC más cuatro puntos.
Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional, pide al Gobierno la construcción de una política estatal.
"Los aportes de nivel nacional a las universidades públicas pasaron de representar el 73 por ciento de los recursos financieros de las instituciones en 1993 a representar solamente el 48 por ciento en el 2016. Es urgente que bajo la consideración de política de Estado se consolide un mecanismo de financiación estable y estructural para la educación superior pública", dijo Montoya.La rectora agregó: "No puede seguir sucediendo que en los últimos meses del año los rectores de las universidades públicas estemos mirando cómo cuadrar la nómina de fin de año. Cada vez se vuelve más angustioso y no resistimos más. Antes de diciembre, necesitamos 60.000 millones de pesos".